DOMINGO 13 DE MARZO DE 2011 00:01
La jefe de esta cartera indicó que con la nueva reforma se busca crear una alianza entre el sector privado, el Estado y las instituciones públicas para ampliar el acceso a la educación, garantizando la no privatización del sector oficial.
El presidente Juan Manuel Santos, en la noche del pasado jueves, aseguró que la propuesta busca hacer de las universidades entes con ánimo de lucro, es decir, que la meta es direccionar al sector privado para que invierta aún más en la educación pública, sin que esto genere costo algunos a los estudiantes. "Lo que estamos proponiendo busca simple y llanamente que el sector privado se meta la mano al bolsillo en beneficio de la educación superior pública, y en alianza con ella, sin que eso represente un solo peso de costo adicional para el estudiante", puntualizó el presidente Juan Manuel Santos.
Sin embargo, uno de los temas que más preocupan a las universidades es el presupuesto destinado para la educación. Frente a esto, el Presidente aseguró que se destinaría el 10 por ciento de las regalías para la inversión en el desarrollo de la investigación y la tecnología, y además de "conservar la base presupuestal de las instituciones de educación superior públicas, adicionando un aumento porcentual escalonado, dirigido a mejorar la calidad, la formación docente, la investigación y el aumento de cobertura con énfasis regional. Es decir, que además de la base presupuestal y del ajuste natural por cuenta de la inflación; el Estado otorgará un uno por ciento adicional en 2012; un dos, en 2013, y un tres, entre el 2014 y 2019, premiando resultados y buenos indicadores de desempeño", aseguró el Mandatario.
Según las cifras del Ministerio de Educación, con la actual reforma y el esfuerzo conjunto entre el Estado y el sector privado, se busca que para el año 2014 se generen 2.4 billones de pesos adicionales, que significaría pasar de un millón 600 mil estudiantes que están en proceso de formación en educación superior, a dos millones 200 mil, en un periodo de cuatro años, que equivaldría a un aumento del 37 por ciento.
De acuerdo con Santos, la actual Ley 30, aunque si bien ha servido para consolidar uno de los sistemas de educación superior más importantes en competitividad y desarrollo, hoy, con las nuevas tecnologías y retos para la internacionalización, se hace necesario una reforma pragmática y que responda a los nuevos desafíos.
"Hace 18 años, por ejemplo, apenas se estaba hablando en este país del celular, de la internacionalización de la economía, de la globalización como un elemento importante para la educación. Pero, al mismo tiempo, 18 años después de esa Ley, constatamos situaciones preocupantes: En los últimos 10 años, más de tres millones 200 mil jóvenes bachilleres no ingresaron a la educación superior o desertaron. En consecuencia, muchos salieron prematuramente al mercado laboral, generalmente sin éxito. Esto tiene repercusiones en la economía, pues significa una enorme presión sobre el empleo. De hecho, la mayor tasa de desempleo está entre los jóvenes de 17 a 24 años: allí el promedio es casi el doble que el promedio nacional. Por eso, se los digo sin rodeos: la Ley 30 de 1992, con los beneficios que trajo en su momento, no se ajusta a los desafíos que hoy tenemos por delante", aseguró.
La ministra de Educación, María Fernanda Campo, argumentó, según lo publicado en Colprensa, que "no existe mejor negocio ni mejor inversión para país, economía y sociedad alguna que invertir en educación. Entonces, lo que queremos nosotros es tener una educación de extraordinaria calidad que permita que más jóvenes accedan a ella y para eso necesitamos capital".
Finalmente, la funcionaria manifestó que la nueva reforma será debatida en todo el territorio nacional y puesta en consideración con los rectores de las universidades del país, a quienes se les socializó el proyecto el pasado jueves.
El presidente Juan Manuel Santos, en la noche del pasado jueves, aseguró que la propuesta busca hacer de las universidades entes con ánimo de lucro, es decir, que la meta es direccionar al sector privado para que invierta aún más en la educación pública, sin que esto genere costo algunos a los estudiantes. "Lo que estamos proponiendo busca simple y llanamente que el sector privado se meta la mano al bolsillo en beneficio de la educación superior pública, y en alianza con ella, sin que eso represente un solo peso de costo adicional para el estudiante", puntualizó el presidente Juan Manuel Santos.
Sin embargo, uno de los temas que más preocupan a las universidades es el presupuesto destinado para la educación. Frente a esto, el Presidente aseguró que se destinaría el 10 por ciento de las regalías para la inversión en el desarrollo de la investigación y la tecnología, y además de "conservar la base presupuestal de las instituciones de educación superior públicas, adicionando un aumento porcentual escalonado, dirigido a mejorar la calidad, la formación docente, la investigación y el aumento de cobertura con énfasis regional. Es decir, que además de la base presupuestal y del ajuste natural por cuenta de la inflación; el Estado otorgará un uno por ciento adicional en 2012; un dos, en 2013, y un tres, entre el 2014 y 2019, premiando resultados y buenos indicadores de desempeño", aseguró el Mandatario.
Según las cifras del Ministerio de Educación, con la actual reforma y el esfuerzo conjunto entre el Estado y el sector privado, se busca que para el año 2014 se generen 2.4 billones de pesos adicionales, que significaría pasar de un millón 600 mil estudiantes que están en proceso de formación en educación superior, a dos millones 200 mil, en un periodo de cuatro años, que equivaldría a un aumento del 37 por ciento.
De acuerdo con Santos, la actual Ley 30, aunque si bien ha servido para consolidar uno de los sistemas de educación superior más importantes en competitividad y desarrollo, hoy, con las nuevas tecnologías y retos para la internacionalización, se hace necesario una reforma pragmática y que responda a los nuevos desafíos.
"Hace 18 años, por ejemplo, apenas se estaba hablando en este país del celular, de la internacionalización de la economía, de la globalización como un elemento importante para la educación. Pero, al mismo tiempo, 18 años después de esa Ley, constatamos situaciones preocupantes: En los últimos 10 años, más de tres millones 200 mil jóvenes bachilleres no ingresaron a la educación superior o desertaron. En consecuencia, muchos salieron prematuramente al mercado laboral, generalmente sin éxito. Esto tiene repercusiones en la economía, pues significa una enorme presión sobre el empleo. De hecho, la mayor tasa de desempleo está entre los jóvenes de 17 a 24 años: allí el promedio es casi el doble que el promedio nacional. Por eso, se los digo sin rodeos: la Ley 30 de 1992, con los beneficios que trajo en su momento, no se ajusta a los desafíos que hoy tenemos por delante", aseguró.
La ministra de Educación, María Fernanda Campo, argumentó, según lo publicado en Colprensa, que "no existe mejor negocio ni mejor inversión para país, economía y sociedad alguna que invertir en educación. Entonces, lo que queremos nosotros es tener una educación de extraordinaria calidad que permita que más jóvenes accedan a ella y para eso necesitamos capital".
Finalmente, la funcionaria manifestó que la nueva reforma será debatida en todo el territorio nacional y puesta en consideración con los rectores de las universidades del país, a quienes se les socializó el proyecto el pasado jueves.
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